El Ayuntamiento coloca nuevos dispensadores de pienso anticonceptivo para controlar la sobrepoblación de palomas
El fármaco que recubre el maíz no es tóxico ni para las personas ni para los animales y sus efectos son reversibles
El Ayuntamiento de Rubí ha instalado esta semana dos nuevos dispensadores de pienso anticonceptivo con el objetivo de llevar a cabo un control ético de la población de palomas. Tras comprobar la eficacia del fármaco en el marco de una prueba piloto, ahora se han ampliado las zonas en las que se suministrará este medicamento que impide la reproducción de este tipo de aves.
Durante las cuatro primeras semanas se fidelizarán las palomas sólo con maíz. Posteriormente, se dispensará el maíz recubierto con una película de nicarbacina, un fármaco que impide la formación del caparazón de los huevos en el momento de la puesta, por lo que las hembras de paloma no podrán poner huevos.
El tratamiento consiste en administrar 8 gramos diarios de nicarbacina por ave. Los efectos de este fármaco son reversibles, es decir, que cuando las palomas dejan de ingerir el pienso anticonceptivo recuperan progresivamente la fertilidad.
La nicarbacina no es tóxica ni para las personas ni para los animales. Tampoco perjudica la salud de las palomas: se han llevado a cabo clínicas realizadas a palomas tratadas con nicarbacina y no han mostrado ningún efecto adverso ni tampoco ninguna modificación anatómica funcional sobre sus tejidos.
El uso de este fármaco tampoco pone en riesgo el medio ambiente: la cantidad de nicarbacina que excreta a una población de palomas tratada es al menos 100 veces inferior al límite indicado en la normativa europea vigente en materia de riesgo ambiental.
En total, ahora hay seis dispensadores de pienso anticonceptivo en la ciudad, cinco de los cuales se encuentran a pie de calle y un sexto ubicado en una zona de azotea. Durante la prueba piloto se ha comprobado la efectividad del fármaco, puesto que la población de palomas en el municipio se ha mantenido estable.
"Con esta actuación reforzamos el control de las palomas sin sacrificio. La sobrepoblación es un grave problema que tiene como causa principal a las personas alimentadoras, que demuestran una importante falta de conciencia, de respeto por el entorno y de civismo. Hay que decir también que no hacen ningún favor a las propias palomas, que no tienen un sistema digestivo pensado para comer pan y, como consecuencia, les produce problemas digestivos y enfermedades", ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Bienestar Animal, Andrés Medrano Muñoz.
Está prohibido alimentar a las palomas
La paloma (Columba livia) es una especie autóctona que forma parte de la fauna urbana. La sobrepoblación de esta especie puede acarrear problemas al actuar como transmisores de diferentes enfermedades. Otras problemáticas derivadas de un aumento incontrolado de la población de palomas son la acumulación de sus heces ─de elevado efecto corrosivo─, que puede provocar daños en las estructuras de edificaciones, espacios de uso público y mobiliario urbano, a la vez que ensucian aceras y fachadas. Asimismo, los nidos pueden ocupar y obstruir agujeros de ventilación.
Para evitar los problemas mencionados, no se debe alimentar a las palomas en espacios de uso público ni privado, conducta que puede ser sancionada en cumplimiento de la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales de Rubí. De acuerdo con el artículo 75.11 de esta normativa, se considera una infracción leve "alimentar en viviendas, locales y otros espacios delimitados de uso privativo, así como en espacios de uso público en general y de concurrencia pública, los animales peridomésticos o asalvajados sin la autorización municipal correspondiente". Estas conductas pueden ser sancionadas con multas entre 30 y 120 euros.
El hecho de no dar de comer a las palomas, así como evitar la presencia de nidos de estas aves en los edificios, ayuda a controlar su exceso de población.
El Ayuntamiento de Rubí puede ordenar a los particulares la adopción de medidas o la abstención de conductas para evitar problemas sanitarios, de insalubridad y perjuicios. El incumplimiento de estas medidas, que se considera infracción grave, puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 121 y los 600 euros.
