El Ayuntamiento de Rubí confía en que la regulación de los precios del alquiler impacte positivamente en las rentas de las viviendas de la ciudad
La concejala de Vivienda, M. Carmen Alarcón Cuenca, cree que ésta es una medida muy importante para facilitar el acceso a la vivienda de personas jóvenes y familias con rentas limitadas
A la espera de que se concrete la limitación de los precios del alquiler en las 140 zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), entre las que se encuentra Rubí, la concejala de Vivienda, M. Carmen Alarcón Cuenca, ha manifestado que “esta regulación es una herramienta importantísima para frenar la subida continuada de los precios de alquiler en nuestra ciudad, que en la práctica impide el acceso a la vivienda de personas jóvenes y familias con rentas limitadas e incluso imposibilita hacer frente a las renovaciones de contratos vigentes”. El gobierno español se ha comprometido a aprobar y publicar a lo largo del mes de febrero el índice de referencia que marcará el precio máximo de alquiler para aquellos pisos que sean de grandes tenedores o que entren de nuevo en el mercado.
El índice de referencia de precios de alquiler que aprobó la Generalitat de Catalunya en el marco de la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda ya se mostró como herramienta eficaz para moderar la tendencia al alza de los precios de alquiler que se estaba produciendo con posterioridad a la pandemia. Durante el primer año de vigencia de la ley, la bajada de los precios de alquiler fue superior al 6,5% a la vez que aumentaron las firmas de los contratos de alquiler.
Sin embargo, esta ley fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Partido Popular (PP) y éste acabó declarando inconstitucionales y nulos algunos artículos, incluido el mecanismo de control de rentas establecido. El principal argumento era que estos preceptos declarados inconstitucionales suponían una invasión de las competencias del Estado en materia civil reconocidas en el artículo 149.1.8 de la Constitución.
Esta situación pudo resolverse con la aprobación de la Ley de ámbito estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta norma contempla la aplicación de diferentes medidas de contención del precio del alquiler y la necesidad de elaborar y ejecutar un plan específico para corregir los desequilibrios detectados.
Para M. Carmen Alarcón Cuenca, "estamos ante un escenario esperanzador para hacer frente a la nueva burbuja inmobiliaria y establecer unas rentas de alquiler que permitan garantizar el derecho a una vivienda digna en nuestra ciudad".
