El Ayuntamiento espera aprobar de forma inicial el nuevo Plan Especial de Extractivas en febrero de 2023
De esta forma, se evitará que se agote la actual suspensión de licencias
El Ayuntamiento de Rubí contempla realizar la aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico de regulación de las actividades extractivas antes del 12 de febrero de 2023, momento en el que finaliza la actual suspensión de licencias. El Consistorio ya ha aprobado el documento de avance del nuevo plan ─paso previo a su aprobación inicial─, donde se exponen los criterios ambientales y cómo se determinarán los espacios más sensibles desde el punto de vista medio ambiental.
En estos momentos, el Ayuntamiento está a la espera de recibir los informes de diferentes organismos, entre ellos la Oficina Técnica de Acción y Evaluación Ambiental (OTAA) de la Generalitat. Toda esta información ha sido compartida este martes con las personas que integran la Mesa de seguimiento de los vertederos, que ha contado de nuevo con la presencia del director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire Soler.
En las últimas décadas han proliferado las explotaciones extractivas en el término municipal de Rubí. Las características litológicas y geográficas del suelo del municipio han facilitado la implantación de un importante número de actividades extractivas a cielo abierto en un reducido espacio geográfico, que supera el carácter de excepcionalidad que caracteriza actuaciones de este tipo en el suelo no urbanizable. Se trata de usos del suelo que generan gran impacto ambiental en el territorio y que, en consecuencia, deben ser regulados con el objetivo, entre otros, de evitar el impacto negativo sobre el entorno.
La situación ha sido agravada por la utilización de algunos de los espacios resultantes de las actividades extractivas como depósitos controlados, que generan un elevado grado de molestias por la proximidad a espacios residenciales, además de los problemas derivados de la utilización de las calles diseñadas para tráfico ligero y bajo como vías de tráfico pesado e intenso.
El Ayuntamiento de Rubí ha intentado abordar esta problemática en varias ocasiones. En 2002 se redactó un primer Plan Especial de regulación de las actividades extractivas y complementarias en el término municipal de Rubí, que no llegó a tramitarse. En 2007, se aprobó el documento de avance de planeamiento del POUM, que incorporaba un estudio específico relativo a las actividades extractivas en el municipio. El mismo año se revisó la información y se redactó un segundo Plan Especial de regulación de las actividades extractivas y complementarias en el término municipal de Rubí, que tampoco se llegó a tramitar.
En 2016, la Comisión de Urbanismo de Barcelona (CUB) aprobó definitivamente el Plan especial de regulación de las actividades extractivas y su restauración.
El 2 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la nulidad del Plan especial de regulación de las actividades extractivas y su restauración y, en consecuencia, quedaron sin regulación detallada los usos extractivos y los de depósitos controlados. Después de que el TSJC no admitiera a casación el contencioso sobre el Plan de Extractivas, el Ayuntamiento acordó la suspensión de licencias para iniciar la redacción de un nuevo plan.
La redacción y tramitación de un Plan especial urbanístico resulta necesaria para poder crear el marco legal adecuado que regule la implantación de los usos extraactivos y los de depósitos controlados, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente.
"Contemplamos que llegaremos a tiempo de hacer la aprobación inicial del Plan de Extractivas para que no se agote la suspensión de licencias", ha explicado el concejal de Planificación Territorial, Rafael Güeto Ortiz.
Situación de los diferentes vertederos
Durante la reunión de la mesa, se ha dado a conocer el estado actual de los distintos vertederos de la ciudad.
En cuanto a Can Canyadell, el Ayuntamiento ha detallado el contenido del informe jurídico externo que el Consistorio contrató ante la complejidad que representa la problemática que rodea a la actividad que se desarrolla en este espacio, así como las actuaciones que se han hecho hasta ahora y las que están en trámite.
Según ha manifestado el director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire Soler, se ha realizado una inspección en Can Canyadell y ahora se está a la espera de recibir los informes donde se analizarán posibles irregularidades detectadas en términos como demasiado impropios en los residuos, una posible ausencia de actividad de selección precisamente para eliminar estos impropios, falta de ajuste al proyecto y en algunos puntos, sobrepasando la cota, mal mantenimiento de taludes y posibles carencias documentales y de controles de entrada, y se actuará en consecuencia.
En cuanto a la finca del paraje de Can Carreras conocida como "La Nueve", el Ayuntamiento dictó una resolución sancionadora por valor de 630.000 euros en total ─la mayor sanción que ha impuesto nunca el Consistorio─ contra las empresas T.C. Inmuebles y Servicios, SL, Diseños y Viviendas Rubí, SL, Bigues Natura Transports, SL y Movimientos Tres Torres, SL y contra dos personas físicas por la infracción grave cometida de forma continuada entre el 28 de mayo de 2019 y el 22 de abril de 2021 en ese espacio. La infracción consistió en el vertido incontrolado de residuos de cualquier naturaleza tipificada en el artículo 75.h del Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
Tal y como se ha informado en la Mesa, todos los sancionados han presentado recurso, que en breve serán resueltos, agotando la vía administrativa.
Por otra parte, se ha explicado que el Ayuntamiento se ha posicionado en contra de la petición de realizar una extractiva en la sierra de Can Riquer. Actualmente, esta cuestión está sobre la mesa de la Dirección General de Calidad Ambiental, después de que la Comisión de Urbanismo se haya pronunciado en contra.
Según el concejal de Planificación Territorial, Rafael Güeto Ortiz, "es evidente que se estropea un ámbito con una riqueza ambiental importante y no entenderíamos que hubiera una autorización ambiental favorable por parte de la Generalitat".
Por último, sobre el vertedero de Can Balasc, se ha comentado que existen dos vertientes: la urbanística y la autorización ambiental. Por lo que respecta al primer supuesto, el Consistorio rubinense cree que a lo largo del primer trimestre de 2023 el TSJC dictará sentencia sobre si es preceptiva la declaración de impacto ambiental en una tramitación urbanística de un Proyecto de Actuaciones Específicas. En el caso de la autorización ambiental, existe un problema competencial entre el juzgado de lo contencioso y el TSJC: el juzgado de lo contencioso quiere esperar a la resolución del TSJC, mientras que el Ayuntamiento ha presentado un recurso porque considera que el juzgado de lo contencioso debe resolver, ya que entiende que no debe subordinarse el contencioso municipal al otro contencioso que tramita el TSJC.