El Ayuntamiento forma a los proveedores de la Administración pública sobre la factura electrónica
La Masía de Can Serra ha acogido una jornada en la que se ha enseñado a los asistentes a gestionar las facturas electrónicas de forma fácil y rápida
Este jueves por la mañana ha tenido lugar en la Masía de Can Serra una jornada formativa sobre la factura electrónica, obligatoria desde el 15 de enero de este año para las Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, Uniones Temporales de Empresas y Agrupaciones de Interés Económico que facturan productos o servicios a la administración pública.
Durante la sesión, organizada por la Escuela de Emprendeduría de Rubí (EDER), Yolanda Presa, de YPA Formació, ha repasado los aspectos legales en torno a esta cuestión, así como los pasos necesarios para facturar electrónicamente a una administración pública a través del programa oficial Facturae o de un programa libre. Por otra parte, Sònia de la Fuente, jefa de Contabilidad del Ayuntamiento de Rubí, ha aclarado los detalles sobre la implantación de la facturación electrónica en el Consistorio.
En el transcurso del encuentro, los asistentes han podido formular preguntas y resolver dudas concretas. Para Presa, ha sido "una jornada enriquecedora tanto para nosotros como para los participantes; nosotros para ver qué problemas están teniendo y ellos para buscar soluciones a estos problemas". La formadora considera que la factura electrónica no es un procedimiento difícil pero "estamos en el período de adaptación, las cosas no son tan automáticas [...]. Luego, cuando veamos cómo funciona, diremos: ¡Ostras! ¡Cómo íbamos con el papel! Pero ahora lógicamente todo el mundo está un poco perdido". De hecho, Presa considera que, una vez superadas las dificultades iniciales, la factura electrónica supondrá un gran paso para ahorrar costes y tiempo, ya que no será necesario imprimir la factura ni llevarla personalmente o enviarla por correo. "Está todo mucho más estructurado, más automatizado", ha añadido.
Desde el 15 de enero de 2015, los proveedores de la Administración pública están obligados a facturar de forma electrónica, excepto entidades, asociaciones, cooperativas o autónomos, que, de momento, aún pueden elegir si quieren hacerlo en papel o en el nuevo formato.