El Ayuntamiento se muestra preocupado por la anulación del decreto contra la pobreza energética
La concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, teme que el gobierno central también recurra la Ley de la vivienda y la pobreza energética, de gran importancia para los municipios
El Ayuntamiento de Rubí ha lamentado la reciente anulación del decreto contra la pobreza energética de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso presentado por el gobierno central. La concejala del Área de Servicios a las Personas, Marta García, se ha manifestado preocupada por la decisión del alto tribunal y teme que la siguiente normativa en ser recurrida sea la Ley de la vivienda y la pobreza energética.
A finales de 2013, el gobierno catalán aprobó un decreto que permitía a las personas en situación de vulnerabilidad económica aplazar el pago de los recibos de luz y gas durante los meses de más frío ─de noviembre a marzo─ sin que las compañías pudieran cortar el suministro. Ahora, el Tribunal Constitucional anula el texto porque, según dice, invade las competencias estatales en materia de régimen energético y contraviene la legislación.
Marta García cree que esta es una mala noticia porque, aunque las condiciones excesivamente restrictivas del decreto contra la pobreza energética han imposibilitado que tuviera una aplicación realmente útil, "la medida sí daba más margen a los ayuntamientos para negociar con las compañías a fin de evitar los cortes, sobre todo destinando ayudas económicas a las familias más vulnerables". La concejal ha lamentado, sin embargo, que el gobierno catalán "utilice la decisión del Tribunal Constitucional para ocultar su mala gestión en el desarrollo de la Ley de la vivienda y la pobreza energética".
Precisamente, tras la resolución del alto tribunal, García ve con preocupación la posibilidad de que el gobierno central también opte por recurrir la Ley de la vivienda y la pobreza energética (24/2015), aprobada por el Parlament de Catalunya en julio de 2015 y que incluye medidas para ayudar a las personas que no pueden hacer frente a los pagos. García alerta de que esta norma "es un apoyo importante para los municipios, ya que prevé un fondo solidario para hacer frente a los recibos de las personas sin recursos. Si se acaba anulando, tendremos que volver a asumir ese dinero desde los ayuntamientos".
Medidas locales contra la pobreza energética
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rubí, se están atendiendo todas las situaciones de pobreza energética de las familias de la ciudad a través de diversas acciones. Así, por ejemplo, en 2015 se otorgaron un total de 337 ayudas para hacer frente al pago de suministros, sumando un total de 43.357 € destinados a este concepto.
Este año, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el protocolo para la emisión de informes de exclusión social, tal como requiere el nuevo texto legal. Servicios Sociales está negociando cada caso con las empresas suministradoras y, cuando se reúnen las condiciones de necesidad previstas en la normativa, se resuelve de forma favorable la parada del corte.
El Ayuntamiento también está abordando el problema de la pobreza energética a través de la iniciativa Energia per a tothom, desarrollada en el marco del proyecto de fomento de la eficiencia energética y las energías renovables Rubí Brilla. Desde el 2013, este medida ha beneficiado a 178 familias derivadas de los Servicios Sociales, que han obtenido un ahorro potencial en energía de hasta 290 € al año. En las tres campañas ya finalizadas de este proyecto, el Ayuntamiento ha invertido 38.313 €, que se han destinado a diferentes acciones en los hogares que han permitido mejorar su eficiencia energética y, por tanto, reducir el gasto en suministros.