El Pleno municipal aprueba provisionalmente el nuevo Plan especial de usos extractivos y depósitos de residuos
Los grupos municipales también han acordado por unanimidad solicitar al Institut Català d'Energia (ICAEN) soporte técnico y económico para culminar el desvío de la línea de alta tensión de Can Fatjó
El Pleno del Ayuntamiento de Rubí ha aprobado este jueves de forma provisional el nuevo Plan especial de usos extractivos y depósitos de residuos. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos municipales.
La redacción y tramitación de este documento es necesaria para poder crear el marco legal adecuado que regule la implantación de los usos extractivos y los de depósitos controlados, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente
En las últimas décadas han proliferado las explotaciones extractivas en el término municipal de Rubí. Las características litológicas y geográficas del suelo del municipio han facilitado la implantación de un importante número de actividades extractivas a cielo abierto en un reducido espacio geográfico, que supera el carácter de excepcionalidad que caracteriza a actuaciones de este tipo en el suelo no urbanizable. Se trata de usos del suelo que generan gran impacto ambiental en el territorio y que, en consecuencia, deben ser regulados con el objetivo, entre otros, de evitar el impacto negativo sobre el entorno.
La situación ha sido agravada por la utilización de algunos de los espacios resultantes de las actividades extractivas como depósitos controlados, que generan un grado de molestias elevado por la proximidad a espacios residenciales, además de los problemas derivados de la utilización de las calles diseñadas para tráfico ligero y bajo como vías de tráfico pesado e intenso.
El Ayuntamiento de Rubí ha intentado abordar esta problemática en varias ocasiones. En 2002 se redactó un primer Plan especial de regulación de las actividades extractivas y complementarias en el término municipal de Rubí, que no se llegó a tramitar. En 2007, se aprobó el documento de avance de planeamiento del POUM, que incorporaba un estudio específico relativo a las actividades extractivas en el municipio. El mismo año se revisó la información y se redactó un segundo Plan especial de regulación de las actividades extractivas y complementarias en el término municipal de Rubí, que tampoco llegó a tramitarse.
En 2016, la Comisión de Urbanismo de Barcelona (CUB) aprobó definitivamente el Plan especial de regulación de las actividades extractivas y su restauración, que fue impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El 2 de junio de 2020, el TSJC dictó sentencia, declarando la nulidad de este Plan. Después de que el TSJC y el Tribunal Supremo no admitieran el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la citada sentencia, el Consistorio acordó la suspensión de licencias para iniciar la redacción de un nuevo plan.
El objetivo del Plan especial para la regulación de los usos extractivos y depósitos de residuos que se lleva a aprobación provisional del Pleno este jueves es velar por el desarrollo urbanístico sostenible y la utilización racional de los recursos naturales. Sin ir más lejos, se pretende que la ocupación de usos extractivos y depósitos sea inferior al 5% del suelo no urbanizable ─considerado “presión media”─ y un límite máximo de 80 hectáreas, para alejarse del escenario de "presión severa" actual. Y es que, según los indicadores establecidos por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, se considera "presión severa" cuando el porcentaje de ocupación del suelo no urbanizable por diversos usos y actividades es superior al 10%.
Actualmente, en el suelo no urbanizable de Rubí existen 35,42 hectáreas de actividades extractivas no clausuradas ─activas o no─ (6 canteras); 51,63 hectáreas de depósitos de residuos o de escombros no clausurados (5 canteras) y 56,87 hectáreas de extractivas o depósitos restaurados o incluidos en suelo urbanizable (8 canteras). Los usos extractivos y depósitos no restaurados realizan un total de 87,06 hectáreas de suelo no urbanizable transformado, que supone el 5,5 % de este suelo no urbanizable. Considerando el resto de elementos que ocupan el suelo no urbanizable, se llega a una ocupación del 12,7% ─“presión severa”─.
El Plan también establece una serie de condicionantes, como los geológicos ─para permitir exclusivamente explotaciones extractivas destinadas a recursos no deslocalizables (como las arcillas en Rubí, pero no como las gravas, que se pueden localizar en otros muchos municipios)─, los ambientales ─nuevos usos extractivos podrían admitirse de forma condicionada en el suelo no urbanizable de protección especial según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) cuando la presión sobre el territorio haya disminuido y llegue a estar debajo de las 80 hectáreas ocupadas─, los urbanísticos ─se quieren evitar las visuales cercanas, mejorando así las condiciones acústicas─ y los de movilidad ─no se admiten los recorridos por las zonas residenciales o tangenciales a ellas─.
El nuevo Plan plantea la obligatoriedad de que los depósitos de residuos se sitúen en suelos previamente explotados como actividades extractivas.
El Plan permite que las explotaciones actuales puedan ampliarse, pero podrían hacerlo como máximo un tercio de su área, a condición de que hayan restaurado completamente un tercio del terreno y que estén en proceso de restauración de otro tercio. Mientras la superficie global de los usos extractivos y depósitos no haya disminuido por debajo de 80 hectáreas, sólo podrán plantearse ampliar el 90% de un tercio.
Así, el Plan pretende reducir la huella ambiental y que los terrenos mantengan o recuperen la función de conector ecológico.
Una vez aprobado el Plan especial por el Ayuntamiento, éste será enviado a la Comisión Territorial de Urbanismo del Arco Metropolitano de Barcelona, que es el órgano competente para aprobarlo definitivamente. El pasado martes, el Consistorio convocó la Mesa de seguimiento de los vertederos para presentar el documento a sus miembros.
Colaboración para culminar el desvío de la línea de Can Fatjó
La aprobación del Plan de usos extractivos y depósitos de residuos ha tenido lugar en el marco de una sesión plenaria extraordinaria que incluía otro punto de carácter urgente: la solicitud de colaboración al Institut Català d'Energia (ICAEN), perteneciente a la Generalitat de Catalunya, para que proporcione el apoyo necesario para poder continuar y culminar los trabajos de desvío de la línea de alta tensión Begues-Can Jardí/Can Jardí-Pierola a su paso por la avenida Can Fatjó. También en este caso, el trámite ha sido aprobado por unanimidad.
El Ayuntamiento pide, en concreto, soporte técnico y acompañamiento en todas las tramitaciones administrativas que hagan falta, y apoyo económico para la ejecución de la actuación a través de los instrumentos más adecuados, como podría ser una subvención directa.
El desvío de esta línea aérea a 220 kV es una reivindicación histórica de la ciudad y muy especialmente de los vecinos y vecinas del barrio. En 2006, el Ayuntamiento, el ICAEN y Red Eléctrica Española (REE) suscribieron un convenio para ejecutarlo pero los trabajos, contemplados en el Plan de la energía de Cataluña 2006-2015, quedaron interrumpidos en 2011 por falta de financiación autonómica. Desde entonces, el Ayuntamiento ha luchado por reanudar las obras, incluso avanzando el dinero.
En 2021, el Ayuntamiento y REE acordaron la realización de un estudio preliminar para determinar la viabilidad del desvío. Dentro de este documento, REE propuso un nuevo trazado por suelo no urbanizable de Rubí y Castellbisbal, cuantificando la obra en cerca de 7,6 millones de euros (IVA no incluido). Por otro lado, un informe jurídico confirmó que la actuación no implicaba modificar el planeamiento urbanístico vigente ni aprobar un plan especial urbanístico autónomo, pero sí la aprobación de otros trámites.
Ante la complejidad de esta cuestión, en la que confluyen diferentes normas, procedimientos y órganos competentes, el Ayuntamiento quiere disponer del acompañamiento técnico de la Generalitat y del ICAEN, así como del necesario apoyo económico para afrontar su elevado coste.
