Rubí es una de las 50 entidades locales que reclaman más protagonismo y recursos para la transición energética
Entre otros, piden mecanismos sencillos y unificados para la tramitación de las comunidades energéticas y un sistema de gobernanza de la energía más democrático
Una cincuentena de ayuntamientos presentan alegaciones conjuntas a la consulta pública del Gobierno sobre las comunidades energéticas. En ellas reivindican mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, que las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático, en oposición al actual.
Rubí es uno de los 50 ayuntamientos que han respondido a la consulta pública planteada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de comunidades energéticas, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y la de energías renovables.
Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea han de garantizar en su ordenamiento estatal el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la Comunidad de energías renovables y la Comunidad ciudadana de energía.
Las alegaciones reclaman ir a un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que tratan de dar todas las garantías para que las comunidades energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.
Mejorar el acceso a la energía a través de las comunidades energéticas
Dos de las reivindicaciones incluidas son que las comunidades energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.
Estas peticiones permitirían un mayor impacto de diversas acciones que lleva a cabo Rubí Brilla como sería el autoconsumo compartido en polígonos o las actuaciones incluidas en el programa Comunidades Rubí Brilla.
En aras de mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia de pobreza energética, al igual que deberían poderlo hacerlo todas las comercializadoras y no sólo las de referencia.
Se propone también crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad. También se contempla que las comunidades energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.
A su vez, dichas comunidades podrán operar en la red de distribución, tal y como plantea la directiva. Para que dicha operación se dé con todas las garantías, se entiende que debería hacerlo de la mano de una distribuidora. Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y otros países, que reporte beneficios para el municipio, sus vecinas y vecinos, sí como para el tejido comercial e industrial.
Algunas de las propuestas incluidas en las 15 páginas de alegaciones municipales, se inspiran en iniciativas existentes en otros países de la Unión Europea, que o bien ya han traspuesto estas directivas, o bien, han avanzado en la creación de comunidades energéticas sin disponer de un articulado concreto. Se plantean propuestas ya existentes en Alemania, Portugal, Irlanda o Polonia.
Las capacidades y requisitos que se establezcan ahora en la transposición de las directivas determinarán la utilidad de dichas comunidades energéticas y su capacidad de transformar el actual modelo energético oligopólico, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas, en un modelo distribuido, donde la energía pueda ser gestionada por un tejido social, administrativo y empresarial diverso y local.
Las alegaciones han sido suscritas por los siguientes 50 municipios y entidades locales:
Los ayuntamientos de Alcorcón, Argençola, Barberà del Vallès, Barcelona, Cadiz, Calvià, Conil de la Frontera, El Prat, Flix, Fuentecantos, Girona, Granollers, La Palma, Manzanares del Real, Lladurs, Lleida, Los Palacios y Villafranca, Montcada i Reixac, Montornès, Mont-Roig del Camp, Navàs, Olost de Lluçanès, Palma de Mallorca, Pamplona, Rivas Vaciamadrid, Ronda, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Martí de Tous, Sant Pere de Torelló, Santa Coloma de Gramenet, Senán, Terrassa, Tibias, Torrebesses, Vacarisses, Valencia, Viladecans, Área Metropolitana de Barcelona, Agència d'Energia de Barcelona, Associació de Micropobles, Asociación Nacional de Autoconsumidores (ANA), ITC- Instituto Tecnológico Canario, EnergÉtica coop, cooperativa de Palencia, Enercoop, cooperativa elèctrica Crevillent, Vergy, comunidad energética y Diputación de Barcelona.