El Ayuntamiento de Rubí se opone a la externalización del servicio de abastecimiento de agua en alta que quiere llevar a cabo la Generalitat
El consistorio ha presentado un recurso contra la licitación alegando, entre otros motivos, que la privatización del servicio puede conllevar nuevos incrementos de la tarifa.
El Ayuntamiento de Rubí ha presentado un recurso contra la licitación, por parte de la Generalidad de Cataluña, de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta de la red Ter-Llobregat. El contrato para la construcción, mejora, gestión y explotación de las instalaciones que constituyen esta red de abastecimiento comprende el tratamiento, almacenamiento y el transporte del agua.
El consistorio rubinense se opone a esta licitación por diferentes motivos. En primer lugar, porque a pesar de tener la competencia municipal sobre el abastecimiento de agua y que la licitación incluye bienes que son de titularidad municipal, el consistorio no ha participado en ninguna toma de decisión.
En segundo lugar, el Ayuntamiento se muestra contrario a la licitación porque no ve justificada la externalización del servicio. Y es que, desde el punto de vista municipal, la documentación de los pliegos no argumenta la necesidad de la concesión. Paralelamente, el consistorio considera que los motivos de inviabilidad económica del actual régimen de explotación esgrimidos por la Generalitat no son ciertos, ya que en ninguna parte se demuestra esta afirmación. Además, hay que tener en cuenta que después de haber convocado el concurso, Aigües Ter-Llobregat ha modificado las tarifas, variando de esta manera las previsiones del estudio económico financiero. La subida de cerca del 70% (el precio del metro cúbico ha pasado de los 0,38€/m3 a los 0,65€/m3) es una circunstancia nueva en relación al estudio que se tuvo en cuenta para justificar la necesidad de privatizar el servicio. Si el principal argumento para defender la privatización fue la inviabilidad económica de la explotación con las tarifas que estaban vigentes en el momento de adoptar este acuerdo, ahora este argumento ya no tiene sentido, según el Ayuntamiento de Rubí. Como medida de presión ante este aumento de la tarifa, el consistorio rubinense ha decidido congelar la tasa para el suministro de agua en las ordenanzas fiscales que se llevarán a aprobación en el pleno ordinario de este jueves.
Otro de los argumentos del consistorio es que de la lectura de los pliegos se desprenden una serie de conceptos que la concesionaria tiene derecho a repercutir en la tarifa. Esto, sumado a que las previsiones que ha realizado la Generalitat son incompletas técnica y económicamente, podría conllevar que no se pudiera cumplir el equilibrio económico financiero de la concesión y que, finalmente, todo ello terminara afectando directamente a los usuarios.
Por último, el Ayuntamiento de Rubí también se opone a la licitación porque considera que la documentación que conforma el expediente de la concesión vulnera la normativa en materia de aguas. Y es que la licitación no hace ninguna referencia a las implicaciones medioambientales, energéticas, climáticas y sociales y no va acompañada de la documentación requerida por la legislación de evaluación ambiental de planes y programas. Entre otros, se pasan por alto las prescripciones del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
El consistorio rubinense confía en que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña tenga en cuenta todas estas alegaciones y que deje sin efecto la licitación del contacto de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta de la red Ter-Llobregat.
El consistorio rubinense se opone a esta licitación por diferentes motivos. En primer lugar, porque a pesar de tener la competencia municipal sobre el abastecimiento de agua y que la licitación incluye bienes que son de titularidad municipal, el consistorio no ha participado en ninguna toma de decisión.
En segundo lugar, el Ayuntamiento se muestra contrario a la licitación porque no ve justificada la externalización del servicio. Y es que, desde el punto de vista municipal, la documentación de los pliegos no argumenta la necesidad de la concesión. Paralelamente, el consistorio considera que los motivos de inviabilidad económica del actual régimen de explotación esgrimidos por la Generalitat no son ciertos, ya que en ninguna parte se demuestra esta afirmación. Además, hay que tener en cuenta que después de haber convocado el concurso, Aigües Ter-Llobregat ha modificado las tarifas, variando de esta manera las previsiones del estudio económico financiero. La subida de cerca del 70% (el precio del metro cúbico ha pasado de los 0,38€/m3 a los 0,65€/m3) es una circunstancia nueva en relación al estudio que se tuvo en cuenta para justificar la necesidad de privatizar el servicio. Si el principal argumento para defender la privatización fue la inviabilidad económica de la explotación con las tarifas que estaban vigentes en el momento de adoptar este acuerdo, ahora este argumento ya no tiene sentido, según el Ayuntamiento de Rubí. Como medida de presión ante este aumento de la tarifa, el consistorio rubinense ha decidido congelar la tasa para el suministro de agua en las ordenanzas fiscales que se llevarán a aprobación en el pleno ordinario de este jueves.
Otro de los argumentos del consistorio es que de la lectura de los pliegos se desprenden una serie de conceptos que la concesionaria tiene derecho a repercutir en la tarifa. Esto, sumado a que las previsiones que ha realizado la Generalitat son incompletas técnica y económicamente, podría conllevar que no se pudiera cumplir el equilibrio económico financiero de la concesión y que, finalmente, todo ello terminara afectando directamente a los usuarios.
Por último, el Ayuntamiento de Rubí también se opone a la licitación porque considera que la documentación que conforma el expediente de la concesión vulnera la normativa en materia de aguas. Y es que la licitación no hace ninguna referencia a las implicaciones medioambientales, energéticas, climáticas y sociales y no va acompañada de la documentación requerida por la legislación de evaluación ambiental de planes y programas. Entre otros, se pasan por alto las prescripciones del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
El consistorio rubinense confía en que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña tenga en cuenta todas estas alegaciones y que deje sin efecto la licitación del contacto de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta de la red Ter-Llobregat.