El Pleno aprueba, de forma inicial, las ordenanzas fiscales para el próximo año
Todas las formaciones políticas han dado luz verde a la moción propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Rubí.
El pleno municipal ordinario del mes de octubre ha aprobado, de manera inicial, las ordenanzas fiscales para el año 2012. Esto ha sido posible gracias a los votos a favor del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las abstenciones del Partido Popular (PP), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR). Convergència i Unió (CiU) ha sido la única formación que ha votado en contra.
La alcaldesa, Carme García, ha explicado que 'estas ordenanzas no son populares ni fáciles de aprobar', pero ha asegurado que hacerlo 'es una cuestión de responsabilidad'. La alcaldesa también ha agradecido el tono y la predisposición de todos los grupos políticos durante el proceso de negociación de las ordenanzas, destacando la 'voluntad constructiva' de todas las formaciones y la voluntad de transparencia del equipo de gobierno. Carme García también se ha comprometido a estudiar un sistema de tarifación social para poderlo aplicar de cara a las ordenanzas fiscales del año 2013 y posteriores. Según la alcaldesa, 'tal vez esta es la fórmula para hacer llegar las bonificaciones a más ciudadanos'.
Juntas de Gobierno Local abiertas a la oposición
El pleno también ha dado cuenta de la modificación de un decreto de alcaldía que permite que, desde principios de octubre, los grupos políticos en la oposición puedan presenciar las Juntas de Gobierno Local, que hasta ahora estaban limitadas a los partidos que integran el equipo de gobierno. Su participación, sin embargo, sólo es como observadores, ya que no tienen voz ni voto.
Otros puntos y mociones
El pleno también ha aprobado, de forma definitiva y por unanimidad, la Ordenanza reguladora del espacio público con mesas, sillas y otras instalaciones análogas. El texto, que se aprobó de forma inicial en febrero de 2011, contempla un tiempo de moratoria hasta principios de 2012 para que todos los establecimientos se adecuen a la nueva normativa.
En cuanto al apartado de mociones, el orden del día de esta sesión plenaria sólo ha incluido una, suscrita por todas las formaciones excepto el PP, pese a que ha acabado votándola a favor. Así, se ha aprobado por unanimidad la moción propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Rubí para que el consistorio adopte las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos y garantizar el derecho a la vivienda.
Con la aprobación de esta moción, los partidos políticos se han comprometido, entre otros, a crear una mesa especial sobre desahucios con el objetivo de hacer de mediador con las entidades financieras frente a las sentencias de desahucio; reforzar la coordinación entre los Servicios de Vivienda y los Servicios Sociales del Ayuntamiento; ofrecer asesoramiento legal a las familias afectadas; establecer un protocolo de actuación de urgencia para encontrar soluciones a los casos de familias desahuciadas a través de viviendas de alquiler social; solicitar a los juzgados de Rubí que hagan llegar mensualmente a la Oficina Municipal de Vivienda y a los grupos municipales una relación estadística de los procesos judiciales que podrían finalizar con un desahucio y pedir al Gobierno del Estado y al de la Generalitat que tomen las medidas necesarias para dotar a los ayuntamientos de los recursos económicos y competencias adecuadas para hacer frente, con garantías legales, a este fenómeno.
La alcaldesa, Carme García, ha explicado que 'estas ordenanzas no son populares ni fáciles de aprobar', pero ha asegurado que hacerlo 'es una cuestión de responsabilidad'. La alcaldesa también ha agradecido el tono y la predisposición de todos los grupos políticos durante el proceso de negociación de las ordenanzas, destacando la 'voluntad constructiva' de todas las formaciones y la voluntad de transparencia del equipo de gobierno. Carme García también se ha comprometido a estudiar un sistema de tarifación social para poderlo aplicar de cara a las ordenanzas fiscales del año 2013 y posteriores. Según la alcaldesa, 'tal vez esta es la fórmula para hacer llegar las bonificaciones a más ciudadanos'.
Juntas de Gobierno Local abiertas a la oposición
El pleno también ha dado cuenta de la modificación de un decreto de alcaldía que permite que, desde principios de octubre, los grupos políticos en la oposición puedan presenciar las Juntas de Gobierno Local, que hasta ahora estaban limitadas a los partidos que integran el equipo de gobierno. Su participación, sin embargo, sólo es como observadores, ya que no tienen voz ni voto.
Otros puntos y mociones
El pleno también ha aprobado, de forma definitiva y por unanimidad, la Ordenanza reguladora del espacio público con mesas, sillas y otras instalaciones análogas. El texto, que se aprobó de forma inicial en febrero de 2011, contempla un tiempo de moratoria hasta principios de 2012 para que todos los establecimientos se adecuen a la nueva normativa.
En cuanto al apartado de mociones, el orden del día de esta sesión plenaria sólo ha incluido una, suscrita por todas las formaciones excepto el PP, pese a que ha acabado votándola a favor. Así, se ha aprobado por unanimidad la moción propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis de Rubí para que el consistorio adopte las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos y garantizar el derecho a la vivienda.
Con la aprobación de esta moción, los partidos políticos se han comprometido, entre otros, a crear una mesa especial sobre desahucios con el objetivo de hacer de mediador con las entidades financieras frente a las sentencias de desahucio; reforzar la coordinación entre los Servicios de Vivienda y los Servicios Sociales del Ayuntamiento; ofrecer asesoramiento legal a las familias afectadas; establecer un protocolo de actuación de urgencia para encontrar soluciones a los casos de familias desahuciadas a través de viviendas de alquiler social; solicitar a los juzgados de Rubí que hagan llegar mensualmente a la Oficina Municipal de Vivienda y a los grupos municipales una relación estadística de los procesos judiciales que podrían finalizar con un desahucio y pedir al Gobierno del Estado y al de la Generalitat que tomen las medidas necesarias para dotar a los ayuntamientos de los recursos económicos y competencias adecuadas para hacer frente, con garantías legales, a este fenómeno.