Más de 1.300 personas verán reducida su prestación económica a consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia

La alcaldesa, Carmen García, y la concejala de Servicios Sociales y Salud, Anna M. Martínez, han hecho hoy una valoración de las repercusiones de la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobada por el Consejo de Ministros, a través del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio.

Según la alcaldesa, 'las medidas de austeridad que se están llevando a cabo desde el Gobierno, y que no van acompañadas de políticas de crecimiento económico, no nos llevan en buena dirección ni nos harán salir de la situación actual. Se está haciendo un recorte que afecta directamente a los colectivos más vulnerables '.

En Rubí, se han presentado 3.850 solicitudes de reconocimiento de dependencia, en los últimos 5 años de vigencia de esta ley. De las cuales, se han reconocido 2.117 de Grado 3 y de Grado 2. Y 1733 no han sido aceptadas o se han valorado como Grado 1 (dependencia moderada). En estos momentos, los Servicios Sociales tienen pendiente trabajar el Plan Individual de Atención a 324 personas de Rubí. Carme García ha asegurado que 'nuestro objetivo es mantener en la medida de lo posible todos los servicios municipales que se ofrecen a la ciudadanía'.

A partir del 1 de agosto, según el que introduce el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, a la Ley de Dependencia, se aplicará una reducción del 15% de la cuantía establecida para la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (cuidador familiar) y la suspensión del convenio especial con la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales (familiares) de las personas en situación de dependencia.

La alcaldesa ha destacado que 'esta decisión afecta mayoritariamente a mujeres mayores, que cuidan de sus familiares, y en muchos casos a mujeres que han tenido que dejar de trabajar para cuidar de sus padres o de sus hijos. El hecho de dejar de cotizar condicionará su futuro. Son derechos, el derecho a una pensión y a disponer de una tarjeta sanitaria, que ahora dejarán de tener '.

Otros repercusiones son la paralización de la ley por un período máximo de dos años para las nuevas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y la paralización de la ley, hasta el 1 de julio de 2015, para las personas en situación de dependencia moderada (grado 1). Lo que, ha aclarado Carmen García, significa que una necesidad de atención que debe darse al momento, se podría llegar a hacer efectiva dos años después. Asimismo, en los casos de atrasos, podrían ser aplazados hasta 8 años.

El Real Decreto introduce también la reducción del 13% de los presupuestos del Estado para la financiación de las prestaciones reconocidas, la supresión del dos niveles en que se dividen cada uno de los grados de dependencia y el nuevo régimen de incompatibilidad de las prestaciones, eliminando todas las combinaciones entre prestaciones y servicios, existentes actualmente.

La reforma apunta nuevos criterios para determinar las intensidades de los servicios de ayuda a domicilio en función del grado de dependencia, que quiere decir una reducción del número total de horas de servicio. Lo que, según ha comentado Carmen García, hará que los afectados tengan que renunciar al Servicio Integral de Ayuda a Domicilio (SIAD) o disponer de menos horas. Lo que se traduce, ha dicho, 'en un empeoramiento de su situación personal y de su autonomía, ya que hay muchas personas que viven solas'. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que el SIAD que se planteaba también como una vía de autoempleo, ahora desaparecerá en parte.